Ministerio Secretaría General de la Presidencia

DISCURSO DEL MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, CRISTIÁN LARROULET, ANTE LA FIRMA DEL CONVENIO PARA DESARROLLAR EL PORTAL DE LA TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE CHILE.

 Hoy es, sin duda, un buen día para nuestra democracia y para nuestro país, pues firmamos un convenio con el Consejo para la Transparencia, cuyo propósito es implementar el “Portal de Transparencia del Estado de Chile”. De ese modo pondremos en manos de los ciudadanos más y mejores herramientas para informarse acerca del modo en que funcionan los órganos públicos que ellos financian con sus impuestos y en que se comportan las autoridades que ellos eligen con sus votos. Y esa es una excelente manera de contar con instituciones cada vez más saludables y un Estado cada vez más eficiente.

El gran objetivo del Gobierno de la Coalición por el Cambio, encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, es hacer de Chile un país desarrollado hacia el final de esta década. Cuando se habla de desarrollo, se piensa inmediatamente en cosas como el crecimiento económico, la generación de empleo, una educación de calidad al alcance de todos o la reducción de la pobreza. Es decir, en aquello imprescindible para la construcción de una sociedad de oportunidades para todos, basada en el mérito y el premio al esfuerzo. Una sociedad donde todos tengan la posibilidad de avanzar hacia la realización personal y la felicidad, fruto de su trabajo y capacidades, las elecciones que libremente efectúen en sus vidas y la ayuda del Estado cuando sea necesaria.

Pero no siempre se recuerda que, para construir esa sociedad de oportunidades para todos, necesitamos también de una democracia participativa y transparente y de un Estado moderno y eficiente. Por eso perfeccionar y profundizar la democracia y modernizar el Estado son dos de las siete reformas estructurales que nuestro Gobierno se ha propuesto impulsar para alcanzar la meta del desarrollo.

Para tener una sociedad de oportunidades para todos necesitamos de ciudadanos empoderados, con mayor posibilidad de intervenir en el curso de los asuntos públicos y, para que eso pueda hacerse sobre sólidas bases, también con mayor posibilidad de informarse acerca del funcionamiento del Estado.

Estamos promoviendo diversas iniciativas para hacer más participativa nuestra democracia, como la inscripción automática y el voto voluntario, el voto desde el extranjero para los chilenos que mantengan vínculos con Chile, la realización de primarias para la selección de candidatos a cargos de elección popular o la remoción de trabas para la celebración de plebiscitos comunales.

Pero no sólo necesitamos ampliar y mejorar los canales de participación. También precisamos que esa participación sea cualitativamente mejor. Y para ello los ciudadanos deben tener amplio y fácil acceso a la información pública. Y ahí está el papel dela transparencia. Cuando hay transparencia se fortalece la confianza pública, se reduce el espacio para la arbitrariedad, se refuerza el respeto a las instituciones y se afianza la cultura democrática. Los ciudadanos, en suma, se vuelven más dueños del Estado.

Dos años atrás, el país dio un gran paso en la dirección mencionada. El 20 de abril de 2009 comenzó a regir la Ley N° 20.285, sobre Acceso a Información Pública, que tuvo su origen en una moción parlamentaria de los Senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri presentada el año 2005, cuando eran Presidente y Vicepresidente del Senado respectivamente. Desde entonces hemos recorrido un largo camino de avances cada vez más ambiciosos en materia de probidad y transparencia de la gestión pública, acercando el Estado a las personas.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, Chile mejoró notoriamente en estándares y exigencias de transparencia gubernamental, dando un gran paso en el fortalecimiento de nuestra democracia.

Cabe destacar, por otra parte, que existen muchos países que tienen una ley de acceso a la información pública, pero la diferencia con la mayoría de ellos, y lo que nos ha valido el reconocimiento internacional es la creación de una instancia de fiscalización de cumplimiento externa al gobierno: el Consejo para la Transparencia. La voluntad del gobierno del Presidente Sebastián Piñera es apoyar al Consejo para la Transparencia, poniendo a su disposición recursos para que pueda cumplir su labor y estimulando el trabajo conjunto para facilitar su accionar. Y el convenio que celebramos es una buena muestra de ello.

Aunque los pasos dados en los años precedentes en materia de transparencia son importantes no eran todavía suficientes para poner al Estado a punto para la carrera hacia el desarrollo.

 Por eso impulsamos la instalación del portal digital al que se orienta este convenio. Este portal busca ser el referente digital en materia de transparencia para el país, constituyéndose como un canal y experiencia única en uso y acceso para los ciudadanos en este ámbito y en un sistema que contribuirá sustantivamente al cumplimiento de la Ley y a la mejora de la gestión de los órganos públicos.  

Para alcanzar esta meta el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Consejo para la Transparencia conformaremos un Comité Técnico, que contribuirá a definir el rol, características, diseño, funcionalidades, especificaciones y finalidades de este portal.

El aporte de nuestro ministerio a este ambicioso proyecto será poner a disposición todo el trabajo que hemos venido desarrollando en iniciativas tendientes a generar sistemas tecnológicos que favorecen el ejercicio ciudadano del derecho de acceso a la información pública y el control de gestión de las respuestas a las solicitudes de acceso por parte de la Administración del Estado.

Un ejemplo de estas iniciativas es el Sistema de Gestión de Solicitudes que pusimos a disposición de todos los servicios que quieran utilizarlo para apoyar el seguimiento de las solicitudes de acceso presentadas en cada una de dichas entidades públicas. Ahora el mismo Consejo dispondrá de ese sistema para el desarrollo del portal de Transparencia del Estado.

Además, nos hemos comprometido a implementar todos los mecanismos tendientes a que los servicios públicos, centralizados y descentralizados, sean usuarios activos del Portal de Transparencia del Estado de Chile en todas sus aplicaciones, en modalidad directa, utilizando las funcionalidades disponibles o integrándose bajo mecanismos de interoperabilidad, así como a ejercer un rol coordinador.

No nos cabe duda de que el resultado de este trabajo conjunto será un sistema de la más avanzada tecnología al servicio de los ciudadanos y de su derecho de acceso a información. Estamos con muchas ganas y disposición de lograrlo.

Pero la iniciativa que hoy nos convoca no es un acto aislado, sino que se enmarca dentro de un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno.

Una muestra del compromiso del Gobierno con la probidad y la transparencia es que a pocos días de asumir el poder, fue un paso más allá y decidió adelantar los plazos para que la información de las nuevas autoridades estuviera actualizada en los banners de Gobierno Transparente de los respectivos servicios, mucho antes de lo exigido por la propia ley. Lo mismo se hizo luego con las declaraciones de patrimonio e intereses del Presidente, ministros y subsecretarios, que fueron publicadas en los banner de Gobierno Transparente de los sitios web de Gobierno. Las Cuentas Públicas realizadas a fines de 2010 por todos los ministros, los intendentes y el propio Presidente de la República, son otro ejemplo claro de este compromiso.

Asimismo, estamos en la fase de preparación de una normativa que perfeccione la declaración de patrimonio e intereses y que entregue herramientas para enfrentar de modo apropiado los conflictos de interés, como el fideicomiso ciego y la obligación de enajenar activos en ciertos casos. También, nos hemos comprometido a enviar un veto aditivo al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que permita ampliar el ámbito de aplicación de las normas de la Ley de Transparencia a las asociaciones municipales.

En otros ámbitos que no requieren de trámite legislativo, estamos desarrollando un sistema de transparencia de los proyectos de reconstrucción y avanzando en programas de mejoramiento de gestión en transparencia para que nuestros funcionarios públicos estén cada vez mejor preparados para cumplir con la Ley de Transparencia.

Los ciudadanos, por su parte, comienzan a reaccionar ante todo esto y a utilizar cada vez más las herramientas puestas a su disposición. Así, las solicitudes que reciben los servicios públicos aumentaron un 21,23% durante el primer trimestre de 2011 comparado con igual período del año anterior, esto es un crecimiento de 1.391 solicitudes.

Desde que entró en vigencia la Ley de Transparencia los 344 servicios y organismos de la Administración Central del Estado obligados al cumplimiento de la normativa recibieron un total de 67.263 requerimientos de información, lo que equivale a 94 ingresos diarios. Sólo en marzo ingresaron 2.821 solicitudes.

Coincidentemente con esta tendencia al alza, el número de reclamos ingresados al Consejo para la Transparencia también creció. Durante el primer trimestre de 2011 se ingresaron a esta instancia fiscalizadora 416 casos, mientras que en el mismo lapso de 2010 recibió 191 reclamos o amparos. Según señaló el mismo el Consejo, este crecimiento en los reclamos se explica principalmente por el aumento del conocimiento de las personas sobre la Ley de Transparencia y los sistemas que ofrece para garantizar este derecho ciudadano.

Estos dos años de implementación de la Ley de Transparencia han requerido de un gran esfuerzo por parte de toda la Administración Pública, pero nos sentimos orgullosos de haber cumplido la misión. Y no sólo lo decimos al interior del Gobierno.

En la última medición que hizo el Consejo para la Transparencia entre noviembre y diciembre del año pasado en Transparencia Activa, es decir, en la obligación que tienen los organismos de mantener publicada y a disposición permanente de las personas información relevante, la administración central del Estado obtuvo un nivel de cumplimiento del 94%, 9 puntos superior al 85% obtenido en el primer estudio que se realizó en abril de 2009.

Los positivos resultados de este estudio reconocen el compromiso efectivo y real del Gobierno con la transparencia y con un verdadero cambio cultural en la forma de desarrollar la función pública, de cara a la ciudadanía y con total apertura.

El  alto índice de cumplimiento también es resultado del espíritu de colaboración entre el gobierno y el Consejo para mejorar los procedimientos de acceso a la información y cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia.

Esto lo digo porque la última medición se hizo en dos etapas y entre la primera y la segunda hubo un aumento de cumplimiento de 5,64 puntos porcentuales por parte del gobierno. Entre ambas etapas hubo un trabajo conjunto que permitió alcanzar aún mejores niveles de desempeño.

Este trabajo conjunto es el que queremos continuar a través de la firma de este convenio, pues todavía tenemos mucho que avanzar.

Sabemos que la implementación del “Portal de Transparencia del Estado de Chile” no será el último trabajo conjunto que realizaremos con el Consejo para la Transparencia para seguir avanzando en esta materia. Porque estamos convencidos que la ciudadanía tiene derecho a saber qué se hace y cómo se hace en los órganos públicos, para de ese modo contar, por fin, con un Estado a la altura de la gran tarea de convertir a Chile en un país desarrollado donde haya oportunidades para todos.

Muchas gracias.