Baja en percepción de corrupción y desarrollo
Por Claudio Alvarado, Subsecretario General de la Presidencia.
Diario La Tercera
La última Encuesta de Corrupción 2011 publicada esta semana por el instituto Libertad y Desarrollo (LyD) concluyó que en Chile ha habido una importante caída en la percepción de corrupción en las instituciones. Esta es una excelente noticia, pues demuestra que el país va por el camino correcto y que está adoptando las medidas adecuadas para modernizar las políticas públicas y lograr el tan ansiado objetivo de ser un país desarrollado a fines de esta década.
Sin obviar el imperativo de atender a las deficiencias que aún subsisten, en la mirada global el país registra la mejor calificación desde 2002 (año en que comienza a aplicarse la medición), al obtener hoy una nota de 4.1 en escala de 1 a 10, con una baja en la percepción de corrupción de 0.7 respecto de 2010. Esta tendencia, en efecto, es crecientemente palpable desde la encuesta de 2008, año en que el Parlamento afinaba los últimos detalles de la Ley N° 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia en abril de 2009. Más aún, la encuesta es consistente con la unanimidad de los sondeos internacionales publicados en días recientes (fundación Libertad y Progreso, World Justice Project, etc.), que ubican a Chile en el primer lugar latinoamericano por la calidad de sus instituciones.
La implantación de esta Ley explica en lo sustantivo la tendencia a la baja en la percepción de corrupción en Chile, pues está consolidando un cambio cultural y político, al incorporar en la institucionalidad la demanda de cercanía del ciudadano de a pie para con las decisiones más relevantes del Estado. No obstante lo anterior, es una grata noticia constatar que esta tendencia se acelera desde 2010 –año en que asume el Presidente de la República Sebastián Piñera-, pues el porcentaje de personas que cree que actualmente la corrupción es menor o mucho menor pasó de un 11% en 2009 a 47% en 2010.
Es previsible que esta tendencia continúe, pues el Gobierno entiende a la transparencia como cuestión central para el desarrollo y posicionamiento regional y global del país: Invertir en transparencia es el mejor negocio que un Estado puede hacer, y es por ello que el Ejecutivo impulsa el Proyecto de Ley sobre Probidad Pública, el cual refunde y regula en un solo texto los proyectos que regulan la obligación de ciertas autoridades públicas de constituir un mandato especial de administración ciega de patrimonio y de enajenar activos y el referente a la declaración de intereses y de patrimonio. Además, nos hemos comprometido con la creación de un Portal de Transparencia del Estado, que albergue en un solo lugar toda la información relevante de transparencia activa y haga más fácil para el ciudadano la solicitud de información pública.
El país asiste hoy al momento crucial de la instalación de una nueva infraestructura digital, para proseguir con este proceso de consolidación del acercamiento entre ciudadanía y Estado. Además de lo anterior, fruto de una política consistente en el tiempo, que se traduce en el esfuerzo de modernización del Estado que impulsa el actual gobierno, se pretende dar una respuesta concreta a los permanentes desafíos que enfrentan las democracias occidentales: más trasparencia, más participación responsable de la ciudadanía, más compromiso social en los temas que realmente le importan a la gente. En definitiva, impulsar más y mejor democracia.