Agenda de Probidad y Transparencia: Gobierno presenta más iniciativas para regular relación entre negocios y política

La serie de iniciativas vienen a complementar la serie iniciativas administrativas y legislativas que el Ejecutivo está impulsando.

Más proyectos de ley se suman a la Agenda de Probidad y Transparencia que impulsa el Gobierno en el Congreso y que buscan regular y transparentar la relación entre negocios y política. Esto, a través de tres nuevas iniciativas de ley, presentadas esta mañana por la Presidenta Michelle Bachelet.

Como ya es habitual, el Salón Montt-Varas sirvió de escenario para la presentación de proyectos de ley sobre perfeccionamiento del sistema de Alta Dirección Pública y fortalecimiento de la Dirección del Servicio Civil; otro referido a transparencia e incremento de valor por ampliación del límite urbano; y sobre nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados.

La actividad fue liderada por la Presidenta Michelle Bachelet, quien estuvo acompañada de otras autoridades como el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés; su par de la Segegob, Marcelo Diaz; la titular (s) de la Segpres, Patricia Silva y la ministra de Vivienda, Paulina Saball.

En la oportunidad, la jefa de Estado manifestó que “El conjunto de leyes que hemos enviado al Parlamento es un legado que hará más transparente nuestra democracia (…) Estamos corrigiendo las falencias que permitieron que ocurrieran los hechos que conocemos”.

El detalle de los proyectos:

Alta Dirección Pública y fortalecimiento de la Dirección del Servicio Civil

Busca dotar de nuevas atribuciones y funciones a la Dirección Nacional del Servicio Civil, junto con la capacidad de impartir directrices en materia de gestión de recursos humanos a los servicios dependientes de los ministerios y de asesorar a las autoridades de Gobierno en dichas materias.

Asimismo, asegurar una efectiva rendición de cuentas sobre el funcionamiento del sistema y sobre el estado de cumplimiento de los convenios de desempeño de los altos directivos públicos. Con ello:

– Se amplían los servicios y cargos que son parte del sistema para llegar a 120 servicios y a más de 1.000 cargos. Así, se incorporan al sistema de Alta Dirección Pública, la Dirección Nacional del Servicio Civil, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio Nacional del Adulto Mayor el Servicio Nacional de Menores y el Instituto Nacional de la Juventud entre otros.

– Se elimina la figura de los directivos provisionales y transitorios, de forma tal que, en caso de vacancia del cargo, éste será ejercido por el subrogante legal mientras se desarrolla el concurso de nombramiento.

– Se otorga a los futuros Presidentes de la República la facultad para nombrar, durante los tres primeros meses de Gobierno, hasta 15 cargos de primer nivel jerárquico, entre quienes cumplan con los requisitos establecidos para su ejercicio.

– Para asegurar que el cese de funciones dependa principalmente de las capacidades de gestión de las personas nombradas, este proyecto propone fortalecer los convenios de desempeño. Se establece así una reducción de tiempos para su suscripción, la publicación de los mismos en los sitios web institucionales y que el cumplimiento de las metas establecidas en dichos instrumento sea considerado para la renovación o remoción de un Alto Directivo Público.

– Finalmente, se entregan nuevas facultades al Consejo de Alta Dirección Pública para que asuma en plenitud el rol de rectoría del sistema.

Transparencia e incremento de valor por ampliación del límite urbano

El proyecto de ley se hace cargo de la necesidad de aumentar las instancias de participación ciudadana durante los procesos en que se realicen cambios en los planos reguladores, elevar la publicidad de los diferentes hitos en su proceso de diseño y promover que las normas de los planos reguladores sean de fácil comprensión y, por otro lado, generar mecanismos que permitan que el Estado capture una mayor parte del incremento de valor asociado a cambios de uso de suelo desde agrícola a urbano junto con otras medidas que buscan mejorar la equidad del impuesto territorial.

Y se estructura sobre la base de 3 ejes:

– Aumento en la transparencia y participación durante los procesos en que se realicen cambios en los planos reguladores.

– Se buscará mejorar la eficiencia, oportunidad y justicia con que se determina la contribución que corresponde frente a cambios en el uso de suelos por la vía del impuesto territorial.

– Se establecerá un impuesto que permita que el Estado capture una mayor parte del incremento de valor producido por las modificaciones de los Planos Reguladores que incluyan una ampliación del límite urbano.

Nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados

Se trata de modificaciones a la ley N°18.045 de Mercado de Valores y a la ley N°18.046 de Sociedades Anónimas que se reagrupa en torno a tres grandes objetivos: Contar con un marco regulatorio más eficaz en sancionar conductas abusivas; reforzar el rol que compete a la Superintendencia de Valores y Seguros; y generar una mayor protección a los accionistas minoritarios.

Las medidas son las siguientes:

– Penalizar la entrega de información maliciosamente falsa por parte de los directores, administradores, gerentes y ejecutivos principales de un emisor de valores de oferta pública al directorio, o a los órganos de la administración de las entidades que ellos administran o a quienes realicen la auditoría externa o clasificación de riesgo. Con este cambio, permitiremos que, por ejemplo, en caso de adulteración de estados financieros o la entrega falsa de otra información relevante de la empresa, se puedan perseguir responsabilidades penales, aplicándose inclusive penas de cárcel. Con ello se amplían los supuestos de penas privativas de libertad, las que hoy se restringían a los casos en que la información falsa fuera proporcionada a la Superintendencia, bolsa valores o público en general.

– Precisar las responsabilidades de las empresas de auditoría externa, en los casos que éstas dictaminen falsamente sobre la situación financiera de entidades sujetas a fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.

– Hacer obligatoria la declaración de conflictos de interés para quienes difundan públicamente recomendaciones de inversión. Será la Superintendencia de Valores y Seguros la que velará por el cumplimiento de esa obligación.

– Otorgar derecho a retiro a los accionistas disidentes respecto a la aprobación o ratificación de la junta de accionistas, de operaciones con partes relacionadas y mejorar los estándares de entrega de información respecto de esas operaciones.