Presidenta Bachelet junto a Ministros firman proyecto de ley que crea el Administrador Provisional de Instituciones de Educación

La Mandataria afirmó que el Estado debe garantizar los derechos de los estudiantes y asegurar que si una institución llega a cerrar, sus estudiantes no queden desprotegidos ni en lo académico, ni en lo financiero.

Acompañada por los ministros de Hacienda, Alberto Arenas, de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón y de Educación, Nicolás Eyzaguirre, la Presidenta Michelle Bachelet, firmó  hoy en el Salón O´Higgins, el decreto del proyecto de ley que crea la figura de Administrador Provisional y el Administrador de Cierre de Instituciones de Educación Superior.

Tras una investigación, esta iniciativa busca dar soluciones, interviniendo en los casos en que se compruebe que la viabilidad académica, administrativa o financiera está seriamente afectada en una institución, o que se está infringiendo la normativa que las rige. En estos casos, el Ministerio de Educación designará, en acuerdo con el Consejo Nacional de Educación, un Administrador Provisional, con carácter provisorio que deberá presentar un plan de acción para subsanar los problemas que se puedan comprobar.

Además, busca regular la forma en que deben llevarse a cabo los procesos de revocación del reconocimiento oficial de una institución de educación superior, sus alcances y consecuencias, estableciendo medidas concretas para el resguardo de los intereses y derechos de los estudiantes, garantizando su continuidad de estudios y la titulación oportuna, en la institución afectada por la medida o en otro establecimiento que se determine.

“Y en esta gran tarea, sin duda que el Estado tiene una labor principal, no sólo en la provisión de educación parvularia, escolar y superior, sino también asegurando que los estudiantes que opten por un sistema de educación superior, independiente de que sea público o privado, sepan que sus derechos están garantizados”, indicó al respecto la Mandataria.

La Presidenta explicó que  el proyecto “implica asegurar que cada institución cumpla efectivamente con los estándares académicos que ofrece, así como mejorar la acreditación”. Y refiriéndose al sentido de la propuesta, agregó que “busca asegurar que si una institución, por diversos motivos, llegara a cerrar, sus estudiantes no quedarán desprotegidos ni en lo académico ni en lo financiero”.

Al finalizar, la máxima autoridad del país remarcó que “este proyecto de ley busca proteger el derecho a la educación de las y los estudiantes que cursan la educación superior, que viven el cierre de su universidad, instituto profesional o centro de formación técnica”.