Ley sobre probidad en la función pública eleva estándares de transparencia en la administración del Estado

La nueva legislación extiende el número de cargos que deben realizar declaraciones de patrimonio e intereses y endurece multas y sanciones para quienes incumplan la normativa, llegando incluso a la destitución del cargo por infracciones reiteradas a la legislación.

Este martes fue publicada en el Diario Oficial la ley sobre probidad en la función pública, que regula el buen ejercicio del desempeño de un cargo, evitando conflictos de intereses y aumentando los niveles de transparencia de nuestras autoridades. Este es el segundo proyecto de ley de la Agenda de Probidad y Transparencia que lleva adelante el Gobierno en aprobarse, luego de que la semana pasada el Senado despachara la reforma constitucional que da autonomía al Servel.

La iniciativa amplía el rango de autoridades y funcionarios que estarán obligados a declarar su patrimonio e intereses. Asimismo, extiende el ámbito de lo que debe declararse, tanto bienes como las actividades que realizan, así como también, aquellas relaciones familiares y afectivas que pudieran interferir con el objetivo de sus funciones en el servicio público.

El desafío de este proyecto no sólo se traduce en establecer sanciones — que las hay — para aquellos cargos o autoridades que incumplen con la normativa, sino también, en arraigar la probidad como eje motor del desempeño de la actividad pública y entenderla como la necesidad de establecer una conducta intachable, pensando siempre en el bien común.

Más autoridades sujetas a declarar patrimonio

Como ya anticipábamos, la Agenda de Probidad extenderá la cantidad de personas o cargos sujetos a declarar intereses y patrimonios: desde el Presidente o Presidenta de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, parlamentarios, los intendentes, los gobernadores, los secretarios regionales ministeriales, los jefes superiores de servicio, los embajadores, los ministros consejeros y los cónsules, los parlamentarios, los jueces, las directivas centrales de los partidos políticos, entre otros.

Adicionalmente, no sólo las autoridades de la primera línea política o administrativa deberán hacer estas declaraciones, puesto que también se suman cargos que antes no estaban considerados, tales como: autoridades y funcionarios directivos; profesionales y técnicos de la administración del Estado; personas contratadas a honorarios que presten servicios en la administración del Estado; rectores y miembros de las juntas directivas de las Universidades del Estado, entre otros.

Del mismo modo, también se establecen sanciones para quienes, estando obligados a efectuar o actualizar la declaración de intereses y patrimonio, no lo realizaren oportunamente o lo hicieren de manera incompleta. Éstas van de 5 a 50 UTM ($217.495 a $2.174.950) y, en caso de reiterado incumplimiento por más de cuatro meses, hasta la destitución del cargo del infractor.

En este caso, será la Contraloría General de la República será el organismo que deberá verificar y sancionar según corresponda. Respecto de los demás órganos el control corresponde a quien tiene el control jerárquico y de probidad en cada caso.

Con respecto al acceso a la información contenida en dichas declaraciones, será el Consejo para la Transparencia y la Contraloría de la República las entidades encargadas de disponer de manera clara y abierta a la ciudadanía este contenido.

La legislación también perfecciona el sistema de declaración de intereses y patrimonio, regula los casos y las condiciones en que autoridades delegarán a terceros la administración de los bienes que suponen conflictos de intereses e incluso dispone la enajenación de todo o parte de esos bienes, a través de la figura del fideicomiso ciego.