Presidente José Antonio Kast promulga ley que amplía el plazo de flagrancia y fortalece las facultades de las policías

Presidente José Antonio Kast promulga ley que amplía el plazo de flagrancia y fortalece las facultades de las policías
Octubre 6, 2026 8:39 am

El Presidente de la República, José Antonio Kast, promulgó en el Palacio de La Moneda la ley que modifica el Código Procesal Penal para ampliar el plazo máximo dentro del cual una situación puede ser considerada flagrancia y fortalecer las facultades de las policías en la investigación de delitos.

La nueva normativa establece que el plazo de flagrancia aumenta de 12 a 24 horas cuando la detención es realizada por Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones, mientras que podrá extenderse hasta 48 horas cuando intervenga la Autoridad Marítima en el ejercicio de sus funciones de policía marítima. El plazo de 12 horas se mantiene cuando la detención es efectuada por una persona distinta de estas instituciones.

Como nueva fuerza de seguridad, la nueva ley también entrega facultades a Gendarmería para actuar en flagrancia en las mismas 24 horas, siempre dentro del ámbito de su competencia.

En la ceremonia participaron el ministro del Interior, Claudio Alvarado; el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; el general director de Carabineros, general Marcelo Araya; el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna; y el director nacional de Gendarmería, coronel Rubén Pérez.

Se trata de la primera iniciativa de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo despachada por el Congreso Nacional y responde al compromiso anunciado por el Mandatario en su Cuenta Pública de 2026 de avanzar en la ampliación del plazo de flagrancia.

El Mandatario señaló que “hubo años en que algunos llamaban a atentar contra Carabineros de Chile. Eso dio pie a que el crimen organizado y el narcotráfico fueran tomando posiciones y esas son las posiciones que tenemos que ir recuperando para la sociedad, para aquellos que hacen el bien a Chile. Cuesta, porque va a haber que enfrentar al crimen más duro, ese crimen 3 que se atrinchera al interior de sectores populares, donde tenemos que intervenir con mucha fuerza, siempre apegados a la ley”.

La ley también incorpora nuevas actuaciones autónomas para las policías, permitiéndoles solicitar, sin instrucción previa del fiscal, la entrega voluntaria de registros captados por cámaras de vigilancia de comercios y hogares, material registrado por testigos e información de georreferenciación destinada a localizar a responsables u objetos vinculados a un delito.

Asimismo, la normativa reconoce expresamente a la Autoridad Marítima como auxiliar del Ministerio Público en sus funciones de policía marítima, facultándola para realizar actuaciones autónomas y controles de identidad en naves, artefactos navales, recintos portuarios, mar territorial y aguas interiores.

La legislación también perfecciona las atribuciones del Fiscal Nacional para impartir instrucciones generales sobre diligencias inmediatas en determinados delitos, estableciendo mecanismos de dirección, supervisión, control, transparencia y rendición de cuentas.

“Es una ley que, en su momento, fue muy requerida por el Ministerio Público para facilitar su tarea, para facilitar su labor. También fue muy requerida por Carabineros de Chile, por la Policía de Investigaciones, y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es dotar al Estado de un instrumento más para favorecer la persecución”, afirmó el ministro José García Ruminot.

Además, recalcó que “vamos a contar con esta herramienta que amplía el tiempo en que se va a poder detener a la persona más probable de haber cometido el delito, y de esa manera evita su fuga, evita que finalmente se tenga que demorar toda la tramitación para poder llevarlo ante los tribunales y se pueda hacer la investigación correspondiente, y finalmente hacer los cargos ante los jueces para que reciba las sanciones de conformidad con la ley”.

La iniciativa tuvo su origen en una moción presentada en el Senado en diciembre de 2023 y durante su tramitación recibió urgencia suma por parte del Ejecutivo. Tras ser revisada por una Comisión Mixta, fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y posteriormente sometida al control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional.