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Entre los mejoramientos que se destacan de la nueva institucionalidad se cuenta el carácter de organismo descentralizado y desconcentrado, que entregará asistencia jurídica especializada en diversos ámbitos como atención de niños, niñas y adolescentes; asesoría a adultos mayores; asesoría en materia de discriminación y migrantes; impulsará la solución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación; y reforzará la atención integral a víctimas de delitos, en particular los delitos violentos, lo que se constituirá en un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana.
El ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero, indicó que: “El acceso a la justicia es un derecho fundamental donde ha tratado históricamente de ser fortalecido en un sistema institucional, que hasta ahora lo tenía como un sistema bastante precario”.
“La principal preocupación de las víctimas es la información, y esa información supone saber qué está sucediendo con sus casos, a qué tipo de asesoría pueden acceder, qué tipo de beneficios pueden obtener, el Servicio de Acceso a la justicia y protección de las víctimas permite esa dimensión general”, agregó el secretario de Estado.
En tanto, el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde Soto, manifestó que “valoramos la decisión unánime de la Sala de aprobar esta iniciativa, que es una demanda ciudadana de larga data y que el Gobierno ha apoyado decididamente, incorporándola en la agenda priorizada para entregar más seguridad a todos los chilenos y chilenas”.
“Persistiremos en nuestro esfuerzo para combatir la delincuencia y apoyar de mejor forma a las víctimas de delitos”, agregó.
En esta línea, el ministro Segpres sostuvo que “esperamos que el acuerdo que generó esta iniciativa en la Cámara de Diputados y Diputadas se mantenga en su siguiente trámite legislativo en el Senado, con el objeto de contar lo antes posible con una herramienta que otorgue mayor protección a todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo a quienes han sido víctimas de crímenes violentos, que deben tener un respaldo integral por parte del Estado”.