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En una sesión interministerial encabezada desde La Moneda por la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, se discutieron los avances de la asesoría técnica conjunta que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han brindado al Plan Buen Vivir.
En la instancia en la que participaron el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; la subsecretaría de Evaluación Social, Paula Poblete; el director general de Obras Públicas del MOP, Boris Olguín; el encargado nacional del Plan Buen Vivir, Francisco Arellano; el especialista en Pueblos Indígenas de la OIT para América Latina, Hernán Coronado; y la representante residente del PNUD en Chile, Georgiana Braga-Orillard, se revisó el acompañamiento técnico brindado al programa como mecanismo de coordinación interministerial y de promoción de la interculturalidad, en el marco de la implementación del Convenio 169 de la OIT.
En lo observado por los organismos internacionales, se reconoce que el Plan Buen Vivir ha fortalecido el diálogo entre el Estado y las comunidades mapuche, incorporando sus demandas en proyectos de vialidad, agua, saneamiento y desarrollo productivo. Se propone, además, consolidar e institucionalizar esta experiencia para asegurar su continuidad como herramienta permanente de política pública.
“Valoramos la consultoría realizada por el PNUD y la OIT al Plan Buen Vivir, que nos permite tener una evaluación objetiva sobre los distintos elementos estratégicos del programa. En ese contexto, es importante destacar la valoración de que el Estado asumiera de manera innovadora los desafíos en la Macrozona Sur, con un enfoque interinstitucional, con diálogo intercultural y pertinencia territorial”, afirmó la ministra Lobos.
También, la titular de la Segpres subrayó la importancia de abordar los desafíos expuestos en el informe y que proponen, entre otros, robustecer la institucionalidad de esta iniciativa. Esta tarea será liderada próximamente por Ministerio del Interior, puesto que el Plan Buen Vivir se alojará en esa cartera, en virtud del mandato de la Ley de Presupuesto 2025.
Inversión pública en tierras indígenas
Un avance concreto y significativo que se reconoció del Plan Buen Vivir – que cumplió tres años de implementación- es la elaboración de dos instructivos que impulsan la inversión y que fueron realizados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos.

El primero, establecido en el oficio N°114, entrega certeza jurídica y administrativa respecto a la posibilidad de ejecutar inversión pública en tierras indígenas, resolviendo una de las principales trabas identificadas por gobiernos regionales y servicios públicos. El segundo es un instructivo que establece el enfoque de costo-eficiencia para evaluar, dentro del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), a los proyectos asociados al Plan Buen Vivir, reconociendo así el aporte sustantivo que genera la inversión pública en estos territorios y permitiendo avanzar más rápido en el proceso de formulación de proyectos. Este enfoque es especialmente relevante en territorios rurales más rezagados y con alta dispersión geográfica.
“La inversión pública es una de las formas más concretas en las que el Estado se hace presente en los territorios y resuelve desigualdades históricas. Desde la Subsecretaría de Evaluación Social hemos puesto nuestras capacidades al servicio del Plan Buen Vivir, utilizando el Sistema Nacional de Inversiones para avanzar en justicia territorial y eficacia estatal”, señaló la subsecretaria Poblete.
Por su parte desde la OIT, destacaron que el Plan ha logrado traducir compromisos internacionales en acciones concretas con impacto directo en las comunidades. “Esto representa una innovación institucional que puede inspirar otros procesos en la región”, explicó Hernán Coronado, especialista de la OIT para América Latina.
Un plan de inversión a 10 años
Junto con estos avances normativos, el MOP ha desarrollado un plan de inversión de largo plazo que contempla más de 400 proyectos de infraestructura para comunidades indígenas y rurales en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La inversión proyectada asciende a 3 mil millones de dólares a lo largo de 10 años.
Esta propuesta tiene por objetivo mejorar la conectividad vial, asegurar el acceso a servicios básicos, fortalecer la seguridad ante eventos climáticos y promover el desarrollo territorial. “Este plan de inversión permite focalizar, a mediana y pequeña escala, el cumplimiento de los objetivos estratégicos del MOP en comunidades rurales y con presencia de población indígena. Para esto es clave el respaldo técnico y presupuestario entregado desde los ministerios de Hacienda y de Desarrollo Social, y los insumos y análisis proporcionados desde OIT y PNUD, lo que facilitará la concreción de necesidades territoriales de infraestructura local”, indicó el director general de Obras Públicas del MOP, Boris Olguín.