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En el marco de una entrevista con Radio Festival de Viña del Mar, la ministra Secretaria General de la Presidencia explicó que como Gobierno “vamos a iniciar ahora el trámite y queremos tener la oportunidad de conversar con todos los parlamentarios y explicar” la iniciativa.
Recientemente la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, junto a la titular de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, anunciaron el ingreso al parlamento del proyecto de ley de expulsiones judiciales que busca revertir los efectos de prohibición para las personas extranjeras condenadas por infracción a la ley 20.000 de poder acceder a la pena sustitutiva de expulsión del país.
Este miércoles, en el marco de una entrevista en Radio Festival de Viña del Mar, la autoridad de la Segpres hizo un llamado a los parlamentarios y parlamentarias a apoyar la iniciativa.
La ministra indicó que “nosotros vamos a iniciar ahora el trámite y queremos tener la oportunidad de conversar con todos los parlamentarios y explicar esto que estamos conversando en este momento”.
“Ojalá contar con su aprobación para, efectivamente, por una parte, descongestionar nuestras cárceles que están sobrepobladas y hoy día con un aumento realmente muy importante de población penal extranjera”, agregó.
En esta línea , explicó que “nosotros creemos que la inmigración puede ser realmente un aporte para el país, en cultura, de todo, desde la cultura de música hasta la culinaria, pero nos gusta que podamos aprender y convivir de esa gente que viene legítimamente y lícitamente, buscando una mejor vida que en sus países, pero no delincuentes y sobre todo delincuentes que se dedican al narcotráfico”
“Entonces lo que hemos buscado es que aquellas personas inmigrantes, es decir, que pertenecen a otros países y que estén condenados a penas inferiores a cinco años, puedan ser devueltos a su país de origen para que allá en su país cumplan las penas que corresponde, si es que tienen condena y no permanezcan en Chile”, detalló.
El proyecto implica que la persona a la que se le aplique la expulsión judicial no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de 10 años; y en caso de que lo haga, deberá cumplir el saldo de pena privativa de libertad. De la misma manera, busca descongestionar los recintos penitenciarios del país con foco en la seguridad tanto de los internos como del personal de Gendarmería.
Actualmente la iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputadas y el Ejecutivo le colocó suma urgencia.
Por otra parte, el Gobierno ingresó en el Senado un proyecto, que se encuentra en su primer trámite constitucional, que busca modificar la normativa migratoria actual para ofrecer alternativas a la notificación personal sobre el inicio de un proceso administrativo de expulsión.
De esta manera, se busca informar el procedimiento vía carta certificada o vía correo electrónico, al domicilio o casilla de correo electrónico que hayan sido previamente informados.