Ministro Blumel destaca aprobación de proyectos clave de Modernización del Estado

La Cámara de Diputados aprobó hoy la Ley de Transformación Digital del Estado, que busca que todos los trámites y servicios que el Estado ofrece a los ciudadanos sean digitales, salvo aquellas excepciones que, por su naturaleza, obligatoriamente requieran realizarse físicamente. Esto apunta eliminar las filas en los servicios públicos y terminar con la solicitud de certificados emitidos por el propio Estado.

Blumel valoró este avance del proyecto. Señaló que “se trata de un proyecto muy importante, que se aprobó en su segundo trámite, que esperamos que sea ley la próxima semana, y que permite tener un Estado con cero filas, cero papel, con inteligencia artificial y Big Data al servicio de las personas”.

El texto modifica principalmente la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, y se enmarca en la Agenda de Modernización que impulsa el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.

Dicha iniciativa faculta, además, al Presidente de la República para que, dentro del plazo de seis meses, desde la publicación de esta ley, establezca las normas necesarias para regular la gradualidad para su aplicación en los órganos de la administración del Estado. Dicha gradualidad no podrá extenderse, para ningún órgano de la administración del Estado, más allá del plazo de cinco años, contado desde la publicación de esta ley.

Simplificación Legislativa

En esta jornada, también se aprobó el proyecto de Simplificación Legislativa que deroga 100 leyes actualmente en desuso y establece un mecanismo permanente de derogación de leyes obsoletes, buscando un sistema más moderno y simple. Este proyecto, dijo el ministro Blumel, “nos va a permitir tener menos burocracia, simplificar nuestra legislación y tener una normativa más coherente”.

Esta ley establece que el Ejecutivo, junto al Legislativo, trabajará en la elaboración de un Plan de Revisión Legislativa, cuyo objeto será la identificación de las leyes de una antigüedad no inferior a veinte años, que deban ser expresamente derogadas por encontrarse en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas por leyes posteriores.